PROBLEMAS

PUERTO RICO – UN TERRITORIO DE EEUU


Puerto Rico ha sido un territorio de EEUU desde 1898, y como tal, el gobierno estadounidense ha sido responsable del bienestar de su pueblo por decreto de la Constitución de Estados Unidos.

A los puertorriqueños se les ha otorgado la ciudadanía  estadounidense– y han prestado servicio en las fuerzas armadas de EEUU— desde 1917. La Mancomunidad de Puerto Rico – el gobierno insular – tiene la facultad de ejercer la autoridad de un estado en cuestiones locales, pero no tiene representación de voto en nuestro gobierno nacional. Tanto el territorio como sus 3.5 millones de habitantes están representados solamente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por un comisionado residente, que solo puede votar en los comités de la Cámara.

La mayoría de  leyes federales – pero no todas – consideran al territorio como un estado. Su tratamiento desigual o su exclusión de una gran cantidad de importantes programas federales, es en gran medida responsable de su subdesarrollo económico. El gobierno insular debe hacerse responsable de gran parte de lo que cubre el gobierno federal en los estados continentales de la Unión y el Distrito de Columbia.

La isla experimentó un crecimiento económico fenomenal en las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, pero la economía se ha quedado rezagada en comparación con la de los estados continentales desde los años setenta, debido sobre todo a los cambios en las políticas económicas nacionales e internacionales. El territorio ha estado en recesión durante ocho de los últimos nueve años, perdiendo el 23% de sus empleos. El índice de desempleo es superior al doble del promedio nacional, con menos de dos terceras partes de la población activa en el mercado laboral, en comparación con los estados continentales. El 30% de las personas nacidas en Puerto Rico han emigrado a la nación continental en busca de mejores oportunidades. El índice de reubicación ha crecido a cerca de 1,000 por semanaLa población de Puerto Rico está disminuyendo por primera vez en su historia.

Los bonos puertorriqueños fueron autorizados por los gobiernos federal y de la Mancomunidad. Debido a esto, sus intereses no pueden ser sujetos a pago de impuestos y son válidos en cualquier parte de la nación, según leyes federales.

Las tres agencias nacionales de calificación de crédito han reducido el valor de los bonos de entidades del gobierno de Puerto Rico a grado especulativo (chatarra) elevando el costo del préstamo que deben hacer todos los gobiernos a más del 10%.  Eso equivale a que la deuda existente de más de $72 mil millones, requeriría $164 mil millones para pagarla. Puerto Rico ha elevado los impuestos y reducido los gastos drásticamente, reduciendo su fuerza laboral pública y sus pensiones. Pero estas medidas y la mayor eficiencia actuales no han sido suficientes para contrarrestar la continua espiral económica descendente del territorio. Aunque la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), enormemente dependiente del costoso petróleo extranjero, está convirtiendo su operación al gas natural más rentable, así como a la energía solar, tiene una deuda actual de $9.3 mil millonesDebido a que su clientela ha ido reduciéndose a causa de la economía y la pérdida de población, no ha podido pagarle a los acreedores las cantidades adeudadas desde julio pasado, y se espera que no pueda cumplir con pagos de los $400 millones en interés y principal de sus bonos que debe abonar el próximo 1 de julio. El colapso financiero de AEE tendría un efecto devastador en otros elementos del gobierno en Puerto Rico, empeorando aun más la atribulada economía insular, y provocar pérdidas innecesarias para millones de personas en los estados continentales y el territorio.

Anticipándose a su incapacidad de cumplir con todas las obligaciones, el gobierno insular promulgó una ley en junio del año pasado, que habría posibilitado un proceso similar a quiebra de AEE y otros organismos gubernamentales. La quiebra representa un camino para salir de la deuda excesiva, y una forma de atraer nuevas inversiones de personas e instituciones estadounidenses que se beneficiarían con la adquisición de bonos puertorriqueños con intereses libres de impuestosSin embargo, en febrero, un juez federal decretó que solo el Congreso puede autorizar el proceso de quiebra de las entidades gubernamentales puertorriqueñas. El Código Federal de Quiebra les proporciona a los estados la autoridad de reestructurar sus obligaciones financieras. Sin embargo, no le otorga ese mismo poder a la Mancomunidad.

Pedro Pierluisi, Comisionado Residente de Puerto Rico, patrocinó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que le daría al gobierno territorial la autoridad de un estado, para propiciar que las municipalidades puedan ampararse con las cláusulas del Código Federal de Quiebras en tales situaciones. La Coalición por la Estabilidad Fiscal de Puerto Rico apoya plenamente esa legislación, pues es el único inicio viable de la recuperación económica de Puerto Rico.

Si el gobierno federal no toma medidas para aliviar la presión presupuestaria en Puerto Rico, no estará cumpliendo con su deber para estos ciudadanos estadounidenses, y, posiblemente, creará la necesidad de ayuda federal adicional al gobierno territorial. Sin la protección del Capítulo 9: las perspectivas económicas y sociales de la isla empeorarán, quizás de forma permanenteel pueblo de Puerto Rico tendrá que enfrentar un sufrimiento contraproducente; muchos más ciudadanos emigrarán a un estado continental; las inversiones y jubilación de millones de ciudadanos de los estados continentales disminuiránasí como las federales.

PODER DELEGADO A LOS ESTADOS


Las leyes de quiebra son parte integral del sistema de gobernación de Estados Unidos, y por tanto necesarias para el logro de una economía robusta que contempla la Constitución. El Artículo 1, Sección de la Constitución declara que “El Congreso tendrá el poder de establecer… pero todos los derechos, impuestos y arbitrios serán uniformes en toda la nación…”.

Los Padres Fundadores estimaron que un poder nacional coherente y uniforme sobre la quiebra eta tan esencial para el progreso económico, que el tema casi no fue objeto de debate en la Convención Constitucional. Como observara James Madison en The Federalist  No. 42“…El poder de dictar leyes uniformes en materia de quiebras se halla tan íntimamente relacionado con la regulación del comercio y evitará tantos fraudes cuando las partes o sus bienes se encuentren en diferentes estados o se trasladen de unos a otros, que no parece probable que se ponga en duda su conveniencia [es decir, el poder del Congreso para regular la quiebra]…”.

Sin embargo, aunque proporcionó el derecho uniforme de declararse en quiebra en los Estados Unidos, no quedó claro después de la ratificación de la Constitución, si el poder de supervisar procesos de quiebra es responsabilidad del gobierno estatal o federal. En 1902, la Corte Suprema decretó en el caso Hanover Bank v. Moyses que las regulaciones de quiebra debían ser “geográficamente” uniformes. O sea, que los deudores y acreedores de diferentes estados debían recibir el mismo tratamiento.

El Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras autoriza a los estados la opción de permitir que sus municipalidades se declaren insolventes. El proyecto 870 no se propone modificar esta ley, sino incluir a Puerto Rico en la definición de “Estado” para este propósito específico. Si se aprueba el proyecto, Puerto Rico podría autorizar a sus municipalidades, que incluyen agencias como las autoridades de energía y transporte, a reestructurar sus finanzas según los términos de las leyes federales. Es preciso aclarar que no todos los estados han decidido ejercer la autoridad, y la mayoría ha limitado la misma.

Esa misma situación se cumpliría en Puerto Rico. Aunque el territorio desea la autoridad, no quiere ejercerla a menos que sea absolutamente necesario. Si una agencia del gobierno puertorriqueño es autorizada a ejercerla y decidiera hacerlo, tendría que convencer a una corte federal de quiebra de que ha hecho previamente todo lo posible por llegar a un acuerdo con sus acreedores.

Los Estados Unidos, en su momento como nueva nación que creaba los preceptos de su gobierno, vio una clara necesidad de apelar a la quiebra como solución a la deuda excesiva, o para ayudar a personas, negocios o entidades gubernamentales que sufrieron pérdidas económicas demasiado enormes para asumirlas. Al alcanzar un nivel de prosperidad que le permitió incorporar territorios no estatales como Puerto Rico, Estados Unidos asumió una carga significativa de responsabilidad por el futuro económico de un pueblo carente de soberanía para promulgar sus propias leyes de quiebra. Incluso autorizó al gobierno territorial a expedir bonos, y facilitó el tratamiento impositivo en todas partes de la nación. Si se le niega a las entidades gubernamentales y municipalidades puertorriqueñas el derecho a declararse en quiebra, Estados Unidos excluirá a Puerto Rico de la misma solución a la crisis económica que sus Padres Fundadores consideraron esencial más allá de cualquier debate en la fundación de nuestra nación.

FALTA DE INCLUSIÓN ARRIESGA A MILLONES DE CIUDADANOS DE LA NACIÓN


Después del crecimiento fenomenal en las décadas de los cincuenta y sesenta, la economía puertorriqueña a quedado a la zaga de los estados continentales durante cuatro décadas, y ha estado en recesión durante ocho de los últimos nueve años. Las políticas económicas y el desarrollo nacional e internacional, y la falta de poder para decidir importantes leyes económicas en Puerto Rico es un factor importante. El territorio adolece de una población y economía decrecientes, una deuda que alcanza los $165 mil millones o aproximadamente el 150% de su Producto Nacional Bruto, un índice de desempleo de casi el 12% — el doble del promedio nacional, con dos quintas partes de los trabajadores potenciales en la fuerza laboral, comparada a más de tres quintas partes en los estados continentales. Además, el 45% de los ciudadanos vive por debajo del nivel de pobreza. En resumen, la carga de la deuda del gobierno de la Mancomunidad es insostenible en casi cualquier medida.

 Los bonos puertorriqueños son parte integral del mercado bursátil estadounidense. Si no se aprueba el proyecto 870, gran parte de los estadounidenses serán afectados negativamente, en particular quienes han invertido en bonos municipales. La firma de investigaciones de inversiones Morningstar afirma que hasta el 80% de la deuda de más de $70 mil millones contraída por Puerto Rico está contenida en fondos de bonos municipales, y 180 fondos comunes de inversión en EEUU y otros lugares del mundo tienen al menos 5% de sus portafolios invertidos en bonos puertorriqueños. (USA Today). Los bonos municipales forman parte de varios fondos comunes prominentes como USATX, USTEX, STSMX, STXAX, y MITFX. Según The Economist, “Puerto Rico tiene una importancia más grande de lo normal en el mercado de deudas municipales estadounidense de casi $4 billones”.

 El 2013 fue el peor en la historia de los fondos de bonos municipales, debido en gran medida a la crisis económica en Detroit y Puerto Rico. Aunque posteriormente Detroit se declaró en quiebra, importantes municipalidades y corporaciones gubernamentales de Puerto Rico no han podido hacerlo, porque el territorio no es elegible como estado según el Código Federal de Quiebras. Los acontecimientos recientes han llegado a la degradación de los bonos en posesión de intereses de Estados Unidos. En febrero de este año, el Servicio de Inversionistas Moody’s degradó los bonos de obligaciones generales de Puerto Rico, indicando que “la perspectiva de Puerto Rico sigue siendo negativa. La liquidez en debilitación y el deterioro económico podrían incrementar la presión en la posición crediticia de la Mancomunidad en los próximos meses, aumentando el riesgo de incumplimiento en las obligaciones del gobierno central. Los esfuerzos por tener acceso al mercado de capitales, si tienen éxito, podrían impulsar la liquidez a corto plazo, pero no resolverán el estrés económico y fiscal fundamental”. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) confronta problemas particulares, pues su deuda actual asciende a más de $9 mil millones. “Numerosos analistas esperan que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) no pueda hacer los pagos de interés y principal el 1 de julio, según CreditSights, firma independiente de investigaciones”. (Schwab). Si Puerto Rico no puede cumplir con sus obligaciones financieras y sus pagos pendientes, incontables inversionistas estadounidenses perderán dinero, y el mercado de bonos estadounidense podría emprender un peligroso descenso.

Importantes firmas de inversiones, agencias de calificación crediticia y economistas están convencidos de que la aprobación del proyecto 870 le proporcionaría a Puerto Rico la herramienta necesaria para recuperarse de su terrible situación económica, y cumplir sus obligaciones con los inversionistas estadounidenses. Una respetada firma de inversiones realizó una encuesta entre dos decenas de instituciones financieras, firmas de asesoría de inversiones, fondos comunes, fondos especulativos y otros participantes del mercado, y descubrió que “existe una concordancia casi unánime de que la aplicación del régimen del Capítulo 9 a las agencias, entidades gubernamentales y subdivisiones políticas de Puerto Rico es un método razonable, y no entorpecería el funcionamiento normal del mercado”. La firma Fitch Ratings también dio a conocer un comentario especial titulado Chapter Extension Would Be a Positive for Puerto Rico, afirmando que el proyecto 870 “seria un acontecimiento positivo e importante para Puerto Rico y los acreedores de sus entidades de utilidades públicas y agencias públicas”. La solución de la crisis de la deuda podría marcar también el inicio del largo camino de salida a la depresión para Puerto Rico, en la medida que su gobierno pueda lograr una base financiera segura, y pueda comenzar la creación de nuevas inversiones y fuentes de ingresos internos.

FALTA DE INCLUSIÓN AMENAZA AL PRESUPUESTO FEDERAL


Si el Congreso no aprueba el proyecto 870 y pasa a Puerto Rico el derecho de autorizar a sus municipalidades y entidades gubernamentales a reestructurar sus finanzas amparadas en el Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras, en breve Puerto Rico llegaría al límite de la crisis presupuestaria, que solo puede resolverse con un enorme paquete de rescate otorgado por el gobierno federal. En la actualidad, Puerto Rico es responsable de una deuda que totaliza aproximadamente $165 mil millones de dólares estadounidenses, equivalente al 150% de su Producto Nacional Bruto, y podría llegar en un futuro cercano a un punto donde algunas entidades gubernamentales del territorio caerían en la insolvencia.

En Estados Unidos, los rescates gubernamentales se han hecho cada vez mayores y desconcertantemente necesarios en las ultimas décadas, como el de $45 mil millones al Bank of America in 2009, el de $79 mil millones a General Motors en el 2008, y el rescate municipal de la ciudad de Nueva York en 1975, que les costó a los contribuyentes el equivalente a $10 mil millones en dólares del 2015. En cada uno de esos casos, se estructuró cuidadosamente un plan de pago de la deuda para minimizar los pagos de los contribuyentes, pero en el de la industria automotriz, dejaron de pagarse más de $9 mil millones. En Puerto Rico, el manejo de la deuda existente es solo un obstáculo a la prosperidad económica. La falta de industria sostenible, de empleos, y menos ayuda a los programas federales sociales y de salud, inhiben el crecimiento de la economía puertorriqueña, por lo que la posibilidad de lograr el cumplimiento puntual del pago de un rescate es altamente cuestionable.

Ademáslos bonos puertorriqueños son un elemento básico del mercado de bonos estadounidense. La emisión de los mismos está amparada por leyes federales y locales por decreto federal. Los intereses de estos bonos están exentos de impuestos federales, locales y estatales, lo cual los hace extremadamente atractivos a los inversionistas. Por esta razón, la revista The Economist afirmó “…Puerto Rico tiene una importancia más grande de lo normal en el mercado de deudas municipales estadounidense de casi $4 billones”. A pesar de que la economía estadounidense ha confrontado dificultades en los últimos años, los mercados de bonos han implicado bajos riesgos nacionalmente, pero, según un análisis realizado por la revista Forbes en el 2013, “una crisis en [los bonos] puertorriqueños podría llevar este riesgo a Norteamérica, con implicaciones inmediatas primeramente para estados como Illinois y California, en segundo lugar a provincias como Ontario y Quebec, y finalmente hasta el propio gobierno de Estados Unidos. Una crisis en Puerto Rico también podría disminuir cualquier impulso en la economía estadounidense, disminuyendo o retrasando el gasto estatal y local, e incluso llevar al límite e incluso a la quiebra a algunos gobiernos locales atribulados, cerrando su propio acceso al mercado de bonos”.

El rescate que sería necesario en este caso amenazaría el presupuesto federal de una forma que puede evitarse con la aprobación del proyecto 870. Si no es aprobado, el rescate al gobierno puertorriqueño igualaría las proporciones de los otorgados a la ciudad de Nueva York, General Motors, o Lehman Brothers. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, el débil estado económico actual de Puerto Rico haría casi imposible el pago de cualquier rescate, incluso con recortes más drásticos de gastos e incrementos de impuestos. Y en caso de que esa ayuda pudiera pagarse finalmente (lo cual es muy improbable) el proceso demoraría al menos muchas décadas. Lo más probable es que la emigración masiva de Puerto Rico debido a su crisis económica, se aceleraría enormemente, ejerciendo gran impacto en los estados continentales. Tomar medidas de inmediato con la aprobación del proyecto 870 es la forma más segura de evitar esta serie de acontecimientos potencialmente desastrosos, y garantizar la estabilidad económica futura de Puerto Rico, y de los intereses de los estados continentales invertidos en el territorio isleño.